JUSTICIA

Si bien el caso Paulette ha despertado simpatías, enojos y mucho movimiento en la red (para saber en corto, aquí) donde se clama justicia (por supuesto que debe haberla), me sorprende que las redes sociales no se hayan pronunciado por la masacre cometida el domingo pasado en Durango.  ¿Cuántos se levantan por las muertas de Juárez? Cuántos se indignan ante la actuación de ilegalidad del Estado en su lucha contra el narcotráfico, cuántos se preocupan seriamente por las victimas de pederastia, cuántas redes sociales se mantienen alerta frente ante los actos criminales a los que se ven sometidos en su paso hacia USA, muchos inmigrantes “ilegales”, tanto mexicanos como latinoamericanos? Cuántos  claman justicia por todos ellos y por más actos que ponen en jaque al país?

Obvio que el caso Paulette indigna y se pide que se haga justicia, como en todo caso en que se comete un crimen. Pero lo que pasa en México va más allá de una cuestión “típica” (de maldad del ser humano) para el que muchas leyes se han hecho. Lo que ocurre en México pone en juego al país, tanto en cuestión política, como judicial y social.

¡Justicia para todos ellos!

 

Guerra fallida contra el narcotráfico

Me pregunto qué hacen más de 8,500 soldados en Ciudad Juárez cuando cada día hay matanzas en la ciudad. VERGÜENZA!! Esta “guerra” contra el narcotráfico es una tomada de pelo. Cuántos recursos se están utilizando para un resultado tan desvergonzado y sangriento?

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La cocaína y los desplazados en Colombia

 

Foto EDLR

No habría que olvidar el ya tan largo conflicto armado en Colombia. Un conflicto de cinco décadas en donde la población civil -cuyo único sino es haber nacido en medio de la guerra y poseer, en muchos casos, tierras productivas- es quien paga los platos rotos de la situación. Y menuda rompedera de platos que se comete. La cantidad de atropellos que sufren los civiles es aberrante. E indignante es que no exista un Estado que les brinde la protección y seguridad que requieren.

Foto EDLR

Debido al conflicto armado y al problema del narcotráfico existen en Colombia entre 2 y 4 millones de desplazados internos que viven en condiciones paupérrimas según  estimaciones de  ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados)  y CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento).

Tan sólo en este año en  la cordillera del departamento de Nariño se ha desplazado el 65% de la población, principalmente a Cali, capital del Departamento del Valle de Cauca. Y desde 1996  han sido asesinadas tres mil personas de acuerdo con Copdiconc (Consejo de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño). Con una población de 20 mil habitantes y 136 mil hectáreas de tierra la comunidad de Sidón se ha visto “totalmente desprotegida, vulnerable a todos los hechos atroces que depende de los grupos, de su borracheras. El río Patia es una fosa común, no se podía pescar porque salían cráneos, huesos””, cuenta Emery Álvarez, Representante legal de Copdiconc.

A raíz del Plan Colombia de erradicar los cultivos ilícitos mediante fumigaciones en la zona del Putumayo y  Caquetá, la coca se ha trasladado a Nariño, al Valle  de Cauca y al Chocó: “aprietas por un lado y van por el otro”.  Pese a que los líderes ya habían advertido de tal fenómeno, las autoridades “no pararon en bola” y ya en 2000  estaba establecido el narcotráfico y había un comienzo de matanzas selectivas. “Los paras tenían en la Villa Panamericana un retén a 100 m del retén del ejército. Detenían a personas por el supuesto perfil de guerrillero, cobraban impuestos o los desaparecían. Del mismo modo actúan el ejército y la guerrilla, quienes no  han asumido una posición de respeto para los derechos humanos”, cuenta Álvarez

En el 2006, Eméry  Álvarez fue secuestrado por la guerrilla en Sidón (antes vivía en Santa Bárbara, en el ´92, pero hubo una masacre y tuvo que huir): “porque en ese entonces habían fumigado y nosotros decíamos que sí a las propuestas de desarrollo alternativo. Me pararon con armas, me llevaron y me decían: aquí hay que sembrar coca”. Gracias a la movilización de la comunidad Álvarez fue liberado, pero bajo la amenaza de  ser objetivo militar si seguía con esas ideas.

Las fumigaciones se realizan indiscriminadamente tanto en los sembradíos de coca – matando a su vez los demás cultivos que con ellos se encuentran, como papaya, yuca, plátano- así como en las propias viviendas que muchas veces están en las cercanías de los terrenos.  Estas acciones de evidente desprecio a las comunidades, además de provocar daños terribles a los alimentos, también afectan a la población con incremento de abortos, brotes epidémicos y malformaciones.

De acuerdo con algunos miembros de Copdiconc las fumigaciones no sirven, pues la coca en Colombia solita se ahoga si se le deja de cultivar de tres a cuatro meses. “Pero es todo un negocio la fumigación y una guerra”, afirma el representante legal de Copdiconc.

Si bien las comunidades de Nariño quieren dejar de cultivar coca, no tienen un proyecto adecuado como alternativa.  El gobierno colombiana ha lanzado un proyecto  que consiste en  dar dos patos, una gallina y  unos peces “La gente tiene necesidad, Recibe su gallina y al día siguiente se hace un sanconcho; lo que necesitamos  son alternativas de financiamiento, asistencia técnica. Tenemos gente, recursos…Pero no hay voluntad política. No les conviene acabar con esto. Es todo un negocio la fumigación y la guerra.”, explica Álvarez y seguidamente,  con voz muy firme dice: “Yo quiero dar un mensaje a los países que financian el plan Colombia y al gobierno de Uribe, por lo menos averigüen con los organismos campesinos, afrodescendientes, indígenas, estos efectos que sólo sirven para financiar programas para el sufrimiento de los pueblos. Aquí no hay voluntad política. Hay que apoyar al pueblo… Estados Unidos dejen de usar o consumir tanta coca y dejen de mandar sus herbicidas“.

Así que, ante  las retenciones arbitrarias de personas de paramilitares o guerrilleros, el acecho para el pago de impuestos para tener una casa bonita, un coche, o cualquier otra actividad, los reclutamientos forzados de los menores de edad para participar con los grupos armados,  las amenazas de muerte, de ser objetivo militar por “desacato” (por querer ser autónomo o salirse del juego de los combatientes)o  por el miedo constante a un enfrentamiento armado, los habitantes de las comunidades huyen, muchas veces, de un momento a otro hacia otros poblados más seguros. Sin embargo, en busca de seguridad, lo que encuentran es el quebrantamiento del tejido social, el constante peligro de amenazas por represalias o nuevos estallidos de violencia que los obliguen a un nuevo éxodo, o bien, la total incertidumbre del día a día en un país que no cuenta con un proyecto efectivo de atención a los desplazados.

Foto EDLR

Es el caso de los asentamientos de desplazados en Charco Azul, en las afueras de  Cali. En una habitación de escasos  40 metros cuadrados, separada en tres cuartitos, y construida con maderas, techo de plástico y piso de tierra, viven dos familias: María Reinelda con sus cuatro hijos y el recién llegado John Freddy, ahijado de María y  Lorenzo Aisero, hermano de María, junto con su mujer  Emecina Obando y sus tres hijos.

Foto EDLR

 La guerrilla mató al primer esposo de María, así  que ella tuvo que huir porque los paramilitares querían matar a su segundo esposo. En cambio, Lorenzo es un desertor de la guerrilla de las FARC  porque “el comandante los reenvió para tomar un pueblo y teníamos que atentar con un poblado y nosotros ya no queríamos más violencia”. Entonces la guerrilla amenazó con matar a Emecina. Por eso  tuvieron que huir de Santa Cruz, Nariño, de donde es nativa toda la familia.

Mientras hacemos la entrevista, nos enteramos que nuestros acompañantes, un líder indígena naza José Goyes (convertido en objetivo militar  recientemente)  junto con Luis (afrocolombiano, también desplazado con 8 hermanos muertos por la guerrilla y los paramilitares)  y su hijito Dani de 4 años, están siendo atracados por unos adolescentes de la zona. María explica: “Por eso no podemos tener nada aquí, todo se lo roban. Después de las siete de la noche andan robando, fumando marihuana, perica, solución”. Afortunadamente, y gracias a María que salió a buscar ayuda,  no hubo hechos que lamentar. Sin embargo, la situación nos ilustró muy bien las condiciones de inseguridad con la que tienen que lidiar los desplazados,  junto con la incertidumbre de perder el techo que recientemente han pagado por 450 mil pesos colombianos (aprox. 250 dólares) y del que son concientes no les pertenece pues “Dicen que es una invasión”.

Foto EDLR

Cuando salimos de la casa, recordé una escena durante la entrevista: uno de los niños pequeños jugaba con una pistola de plástico y nos apuntaba. Entonces pienso en las palabras de Eméry: “Nuestro territorio es símbolo de libertad porque con eso sacamos para vivir. Nos han quitado el sueño de estar a un lado de un platanar y mandar a nuestro hijos a la escuela para que aprendan a leer y a escribir”.

Hace apenas un mes EEUU firmo un acuerdo con Colombia sobre siete nuevos bases militares que ha causado gran temor en la región. Y las nuevas estrategias estadounidenses -que supuestamente incluirán más recursos para prevención y rehabilitación en lugar de represión- todavía no se materializan en el sur de Colombia.

Los hombres que odian a las mujeres

El 31 de enero de este año, María Guadalupe Pérez Montes (17 años)  fue a comprarse unos tenis al centro de Ciudad Juárez. No ha regresado a casa  Lupita cursaba la preparatoria y era parte del equipo de basquetbol. Los familiares, amigos, organizaciones la han buscado, pero hasta ahora no hay rastro. La policía tampoco tiene respuesta y sólo hay una persona encargada para los casos de chicas desaparecidas.

“Tengo esperanza de encontrar a mi hija y primero Dios la vamos a encontrar bien”, me dice la mamá, Susana Montes, al mismo que me muestra  fotos de su hija.

Y es esperanza, por una lado,  lo que necesitamos, pero también justicia y seriedad por parte de la policía, las procuradurías y el Estado. Desde 1993 hasta la fecha, según cifras oficiales van casi 400 asesinatos y más de mil mujeres desaparecidas. Por eso nos alegramos  porque:

En una sentencia considerada como “histórica”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano como responsable por la muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez, cuyos casos forman parte de los más de 400 homicidios de mujeres que se perpetraron a partir de la década de los ’90.  […]Es una sentencia histórica. Es de hecho, la primera sentencia en América Latina donde se condena el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres.

(Para leer más, aquí)

Esperemos que sigan más sentencias condenatorias por los femicidios y desapariciones  de tantas mujeres en Ciudad Juárez, para que el Estado y sus respectivos organismos hagan bien su tarea, porque hasta la fecha, la impunidad y el machismo no han permitido hacer justicia.


Oscurantismo

Que el sentido común y el juicio nos libren de los machos! Más aún de los que tienen poder, doblemente  peligrosos. En el Universal el procurador de Justicia de Morelos, Pedro Luis Benítez Vélez:

recomendó a las mujeres a que “aprendan a prevenir y no a provocar”, tras comparecer ante las comisiones de Equidad y Género, y de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local, donde admitió que este año en el estado 25 mujeres fueron victimadas de manera violenta.

“Es mejor que las mujeres se vayan a sus casas, o de sus familiares, y no que estén expuestas a ser violentadas”.

Propongo que usemos Burkas y nos quedemos en casa salvo si salimos con nuestro respectivo macho cabrío!

Joder! La misma estúpida argumentación de si te violan es porque llevabas falda, además de que te gustó. Si te golpean o te matan es porque seguramente te portaste mal…. La imbecilidad llega a ser tan profunda y ¡peligrosa!  Semajante humanoide no debería estar en ese puesto agrediendo a las victimas o a las posibles vicitmas no más porque tenemos vagina. Ah, no chinguen!

Y desgraciadamente este oscurantismo amenza con quedarse más tiempo. Miren la siguiente nota que ha sido publicada escasos minutos en El Universal:

A dos años y medio de que se legalizó el aborto en el DF, Veracruz se convirtió esta noche en el estado número 17 que se blinda con una ley antiaborto.

Antes rechazaron el derecho al aborto en Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis y Sonora y Yucatán.

El DF es la única entidad en la que se permite su práctica en las primeras 12 semanas de gestación.

El tema se discute actualmente en Aguascalientes y Michoacán.

Damos un paso adelante y 17 atrás!!!!

Parece que no les queda claro el derecho a la libertad, por ende el de decidir que hago con mi cuerpo y como mujer. Y tampoco consideran los aspectos sociales de la situación, la justicia y la violencia que involucra. Si no fuera una cuestión política y jurídica me importarían un pito las ideas retrógradas de muchas personas, hombres, mujeres. Pero es una cuestión de derecho que nos afecta a tod@s. Que ganas de joderle la vida a las personas por sus ideas pseudo y religiosas – morales: si no quieres o no tienes por que abortar, por x o y razón, no te metas en el derecho de otra mujer que si quiere, necesita y/o debe abortar.  Que el derecho exista y cada quien lo ejerza o no según sus circunstancias. Vivimo en un Estado laico.

Ahora es cuando deberíamos aceptar  las palabras de Hamlet: “¡El mundo está tan fuera de quicio!…¡Oh, suerte maldita!… ¡Que haya nacido yo para ponerlo en orden!”