Ciudad Juárez y Paul Celan

No hay día en que no haya muertes en Ciudad Juárez.  Lo ridículo e indignante es que haya miles de soldados patrullando la ciudad. Lo más peligroso ya está ahí: hay  poco espacio para la política. ¿Podemos hablar de un cuasi totalitarismo?

Mientras, pienso en unas líneas del ¿más famoso? poema de Paul Celán, Fuga de muerte:

Negra noche del alba la bebemos de tarde

la bebemos a mediodía de mañana la bebemos de noche

bebemos y bebemos

cavamos una fosa en los aires no se yace allí estrecho.

 

Los indocumentados centroamericanos en México

Hay un documental muy bueno llamado “De Nadie” (2005) de Tin Dirdamal donde se narra la historia de los indocumentados centroamericanos en su camino por México. Son historias tristes, pero más allá del sentimiento, son injustas e indignantes. Como siempre, México no canta mal las rancheras y una vez mas el maltrato, abuso y atropello a los migrantes por parte de las autoridades es puesto en evidencia en este documental.  Asimismo,  la impunidad con que actúan las bandas delictivas, como los mara salvatrucha, pone en evidencia  la corrupción y el contubernio con dichas autoridades.  Aunque el  documental tiene ya cinco años, aún siguen cometiendóse gravísimas violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Peor aún, Los Zetas -grupo criminal mafioso formado por desertores del ejército mexicano y entrenados como tropa de élite- participan también en estas atrocidades. Un reportaje al respecto en El Proceso.

Aludiendo a las palabras de  Kafka: “Qué la vergüenza no nos sobreviva”.

por EDLR

Guerra fallida contra el narcotráfico

Me pregunto qué hacen más de 8,500 soldados en Ciudad Juárez cuando cada día hay matanzas en la ciudad. VERGÜENZA!! Esta “guerra” contra el narcotráfico es una tomada de pelo. Cuántos recursos se están utilizando para un resultado tan desvergonzado y sangriento?

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La cocaína y los desplazados en Colombia

 

Foto EDLR

No habría que olvidar el ya tan largo conflicto armado en Colombia. Un conflicto de cinco décadas en donde la población civil -cuyo único sino es haber nacido en medio de la guerra y poseer, en muchos casos, tierras productivas- es quien paga los platos rotos de la situación. Y menuda rompedera de platos que se comete. La cantidad de atropellos que sufren los civiles es aberrante. E indignante es que no exista un Estado que les brinde la protección y seguridad que requieren.

Foto EDLR

Debido al conflicto armado y al problema del narcotráfico existen en Colombia entre 2 y 4 millones de desplazados internos que viven en condiciones paupérrimas según  estimaciones de  ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados)  y CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento).

Tan sólo en este año en  la cordillera del departamento de Nariño se ha desplazado el 65% de la población, principalmente a Cali, capital del Departamento del Valle de Cauca. Y desde 1996  han sido asesinadas tres mil personas de acuerdo con Copdiconc (Consejo de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño). Con una población de 20 mil habitantes y 136 mil hectáreas de tierra la comunidad de Sidón se ha visto “totalmente desprotegida, vulnerable a todos los hechos atroces que depende de los grupos, de su borracheras. El río Patia es una fosa común, no se podía pescar porque salían cráneos, huesos””, cuenta Emery Álvarez, Representante legal de Copdiconc.

A raíz del Plan Colombia de erradicar los cultivos ilícitos mediante fumigaciones en la zona del Putumayo y  Caquetá, la coca se ha trasladado a Nariño, al Valle  de Cauca y al Chocó: “aprietas por un lado y van por el otro”.  Pese a que los líderes ya habían advertido de tal fenómeno, las autoridades “no pararon en bola” y ya en 2000  estaba establecido el narcotráfico y había un comienzo de matanzas selectivas. “Los paras tenían en la Villa Panamericana un retén a 100 m del retén del ejército. Detenían a personas por el supuesto perfil de guerrillero, cobraban impuestos o los desaparecían. Del mismo modo actúan el ejército y la guerrilla, quienes no  han asumido una posición de respeto para los derechos humanos”, cuenta Álvarez

En el 2006, Eméry  Álvarez fue secuestrado por la guerrilla en Sidón (antes vivía en Santa Bárbara, en el ´92, pero hubo una masacre y tuvo que huir): “porque en ese entonces habían fumigado y nosotros decíamos que sí a las propuestas de desarrollo alternativo. Me pararon con armas, me llevaron y me decían: aquí hay que sembrar coca”. Gracias a la movilización de la comunidad Álvarez fue liberado, pero bajo la amenaza de  ser objetivo militar si seguía con esas ideas.

Las fumigaciones se realizan indiscriminadamente tanto en los sembradíos de coca – matando a su vez los demás cultivos que con ellos se encuentran, como papaya, yuca, plátano- así como en las propias viviendas que muchas veces están en las cercanías de los terrenos.  Estas acciones de evidente desprecio a las comunidades, además de provocar daños terribles a los alimentos, también afectan a la población con incremento de abortos, brotes epidémicos y malformaciones.

De acuerdo con algunos miembros de Copdiconc las fumigaciones no sirven, pues la coca en Colombia solita se ahoga si se le deja de cultivar de tres a cuatro meses. “Pero es todo un negocio la fumigación y una guerra”, afirma el representante legal de Copdiconc.

Si bien las comunidades de Nariño quieren dejar de cultivar coca, no tienen un proyecto adecuado como alternativa.  El gobierno colombiana ha lanzado un proyecto  que consiste en  dar dos patos, una gallina y  unos peces “La gente tiene necesidad, Recibe su gallina y al día siguiente se hace un sanconcho; lo que necesitamos  son alternativas de financiamiento, asistencia técnica. Tenemos gente, recursos…Pero no hay voluntad política. No les conviene acabar con esto. Es todo un negocio la fumigación y la guerra.”, explica Álvarez y seguidamente,  con voz muy firme dice: “Yo quiero dar un mensaje a los países que financian el plan Colombia y al gobierno de Uribe, por lo menos averigüen con los organismos campesinos, afrodescendientes, indígenas, estos efectos que sólo sirven para financiar programas para el sufrimiento de los pueblos. Aquí no hay voluntad política. Hay que apoyar al pueblo… Estados Unidos dejen de usar o consumir tanta coca y dejen de mandar sus herbicidas“.

Así que, ante  las retenciones arbitrarias de personas de paramilitares o guerrilleros, el acecho para el pago de impuestos para tener una casa bonita, un coche, o cualquier otra actividad, los reclutamientos forzados de los menores de edad para participar con los grupos armados,  las amenazas de muerte, de ser objetivo militar por “desacato” (por querer ser autónomo o salirse del juego de los combatientes)o  por el miedo constante a un enfrentamiento armado, los habitantes de las comunidades huyen, muchas veces, de un momento a otro hacia otros poblados más seguros. Sin embargo, en busca de seguridad, lo que encuentran es el quebrantamiento del tejido social, el constante peligro de amenazas por represalias o nuevos estallidos de violencia que los obliguen a un nuevo éxodo, o bien, la total incertidumbre del día a día en un país que no cuenta con un proyecto efectivo de atención a los desplazados.

Foto EDLR

Es el caso de los asentamientos de desplazados en Charco Azul, en las afueras de  Cali. En una habitación de escasos  40 metros cuadrados, separada en tres cuartitos, y construida con maderas, techo de plástico y piso de tierra, viven dos familias: María Reinelda con sus cuatro hijos y el recién llegado John Freddy, ahijado de María y  Lorenzo Aisero, hermano de María, junto con su mujer  Emecina Obando y sus tres hijos.

Foto EDLR

 La guerrilla mató al primer esposo de María, así  que ella tuvo que huir porque los paramilitares querían matar a su segundo esposo. En cambio, Lorenzo es un desertor de la guerrilla de las FARC  porque “el comandante los reenvió para tomar un pueblo y teníamos que atentar con un poblado y nosotros ya no queríamos más violencia”. Entonces la guerrilla amenazó con matar a Emecina. Por eso  tuvieron que huir de Santa Cruz, Nariño, de donde es nativa toda la familia.

Mientras hacemos la entrevista, nos enteramos que nuestros acompañantes, un líder indígena naza José Goyes (convertido en objetivo militar  recientemente)  junto con Luis (afrocolombiano, también desplazado con 8 hermanos muertos por la guerrilla y los paramilitares)  y su hijito Dani de 4 años, están siendo atracados por unos adolescentes de la zona. María explica: “Por eso no podemos tener nada aquí, todo se lo roban. Después de las siete de la noche andan robando, fumando marihuana, perica, solución”. Afortunadamente, y gracias a María que salió a buscar ayuda,  no hubo hechos que lamentar. Sin embargo, la situación nos ilustró muy bien las condiciones de inseguridad con la que tienen que lidiar los desplazados,  junto con la incertidumbre de perder el techo que recientemente han pagado por 450 mil pesos colombianos (aprox. 250 dólares) y del que son concientes no les pertenece pues “Dicen que es una invasión”.

Foto EDLR

Cuando salimos de la casa, recordé una escena durante la entrevista: uno de los niños pequeños jugaba con una pistola de plástico y nos apuntaba. Entonces pienso en las palabras de Eméry: “Nuestro territorio es símbolo de libertad porque con eso sacamos para vivir. Nos han quitado el sueño de estar a un lado de un platanar y mandar a nuestro hijos a la escuela para que aprendan a leer y a escribir”.

Hace apenas un mes EEUU firmo un acuerdo con Colombia sobre siete nuevos bases militares que ha causado gran temor en la región. Y las nuevas estrategias estadounidenses -que supuestamente incluirán más recursos para prevención y rehabilitación en lugar de represión- todavía no se materializan en el sur de Colombia.